La mayoría de los cuestionamientos que los y las legisladoras locales le han hecho a varios de los titulares de despacho que se han presentado ante las comisiones legislativas permanentes en el Congreso de Veracruz por la Glosa del III Informe de Gobierno, han sido por cuestiones de falta de cumplimiento normativo, como lo son un sin número de adquisiciones directas que sobrepasan los porcentajes permitidos para ellas, o que fueron realizadas a empresas sin tener la experiencia o antigüedad en el ramo de los negocios para lo que fueron contratadas; o casos de obras y servicios que al poco tiempo de haber sido entregados presentaron fallas.
Todo ello ha representado grandes sufrimientos y dolores de cabeza para los comparecientes y algunos hasta han sido expuestos públicamente.
¿Pero toda la culpa es de los entes y funcionarios encargados de la administración? La verdad es que también hay otro ente que tiene responsabilidad y culpa y es que lo que ha también fallado es la fiscalización de los procedimientos y la aplicación de los recursos que por obligación debería realizar puntualmente la Contraloría General del Estado, pues de haberse aplicado como dicta la metodología para realizar los procesos de auditorías, todas esas fallas que les han sido señaladas hubieran sido atendidas, solventadas o sancionadas por ese órgano auditor… pero sobre todo, no seguirían siendo prácticas reiteradas en el 3er año de este gobierno.
Casos como por ejemplo cuando algún medio, con información en la mano, consulta para verificar, la señora contralora se compromete a proporcionar información al respecto y no cumple. A la señora parece ser que lo único que le interesa es que sus empleados ni vean, ni oigan, ni hablen. La ley del garrote en su plenitud. ¿En algo ayuda al gobernador y a Veracruz una contralora así?
Durante su comparecencia de este miércoles ante los diputados para el desahogo de la Glosa del III Informe de Gobierno, la contralora Mercedes Santoyo informó tener bajo la lupa a 203 servidores y ex servidores públicos por irregularidades patrimoniales.
Ok, eso está muy bien, pues es parte de su responsabilidad, pero hubiera sido mejor que informara a los diputados a cuántos de esos servidores públicos se ha sancionado y a cuánto asciende el monto de los recursos recuperados por actos de corrupción cometidos por funcionarios y exfuncionarios. Porque como dice el dicho, “de lengua me como un taco”. No es lo mismo tenerlos en la lupa que después de tres años sigan como si nada.
Tampoco informó la Contralora Mercedes Santoyo a cuantos de los exfuncionarios que hoy andan huyendo de la justicia -además de las órdenes de aprehensión que tienen en su contra- se les ha inhabilitado para no poder trabajar en el sector público, o cuanto recurso se espera recuperar de cada uno de ellos, en caso de ser atrapados por la justicia. Y ya no refiriéndose a esos 203 que se estimaría son de la actual administración, sino de las administraciones anteriores.
Ella se metió a “poner en orden” auditorías que venían desde el 2005, aún cuando muchos de esas presuntas irregularidades ya ni siquiera tienen vigencia.
Pero nada se ha puesto a disposición de los veracruzanos. Hay una mayor preocupación por checar que los empleados de la Contraloría no anden publicando nada en contra de la 4T en las redes sociales, que en informar adecuadamente.
Entre los diputados locales existía mucho interés de conocer el informe de la señora Contralora Mercedes Santoyo Domínguez, sin embargo, varios diputados y diputadas comentaron estar decepcionados pues nada de lo que se informó, ni medianamente aclara lo que la vox populi ya comenta como actos indebidos que se han cometido a las espaldas del gobernador Cuitláhuac García Jiménez. Y ya ni hablar de todas esas veces que durante su comparecencia reconoció no tener información… ya eso fue la cereza del pastel.
Ha habido buenas y malas comparecencias, pero la de la Contraloría fue para el olvido.
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