Nunca antes se había podido conocer con tanta antelación y tan abiertamente a aquellos que intentaban llegar a la Presidencia.
Por ejemplo, al canciller Marcelo Ebrard se le ha escuchado decir sin tapujos sus deseos de dirigir este país: “Mi momento es ahora; llevo 40 años preparándome” y con respecto a cómo sería su gobierno, Marcelo acepta que su gobierno sería de “Continuidad, pero no una calca” del gobierno de López Obrador, “Continuidad con cambio”, ha señalado.
Otro ejemplo es el de Claudia Sheinbaum, otra corcholata, asegura estar lista para cruzar la calle e instalarse en Palacio Nacional donde residiría y ha dicho que de ganar, cumpliría la misión de consolidar la transformación iniciada por AMLO vía su programa del “Humanismo mexicano”.
Años atrás tales expresiones y aceptaciones de las intencionalidades hubieran sido impensables. Solo se conocían, si acaso, las propuestas de campaña de los elegidos ya como candidatos, pero como aspirantes o suspirantes, nada.
Sin embargo, y pese a que lo anterior sea o no saludable para la democracia, el tema es que, para algunos, esas expresiones y encartes en el procedimiento destapado por AMLO pareciera ser ilegal, debido al grado de desconocimiento que hay de la Ley Electoral vigente en el país.
Y es que el INE no puede hacer más de lo que le marca la Ley Electoral vigente, y por ello, aunque muchos exigen quemar en la hoguera a las corcholatas de AMLO, Lorenzo Córdova y el Instituto solo han podido apercibir y pedir que las corcholatas se deslinden, por ejemplo, de las pintas de bardas que tapizan el país.
Y es que la ley electoral en el país no es lo estricta que muchos desean o la democracia exige y necesita, sino es más bien elástica como el considerar que alguien comete delito electoral solo si pide abiertamente el voto a su persona; sin importar que realice mítines y convoque eventos políticos como los tantos que se han visto actualmente en el país.
Sin embargo, donde la Ley electoral sí es totalmente estricta es en las formas que le permiten al INE ir con todo en contra de aquel o aquellos que no informen en tiempo y forma de sus gastos de campaña.
Por lo demás, se ha visto que ni el INE ni el Tribunal Electoral pudieron hacer algo más ante casos como por ejemplo los sucedidos durante la campaña política por la presidencia de Enrique Peña Nieto, o lo sucedido en el Puerto de Veracruz en la última campaña política a la alcaldía, por solo citar dos casos.
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